Artículo publicado por la revista Noticias el 11 de abril de 2008

¿Un panóptico para los medios?

Gustavo Martínez Pandiani
Decano de Comunicación Social
Universidad del Salvador

Todo proyecto para crear o impulsar un Observatorio de Medios en la Argentina es, a priori, una buena idea. Aunque no se trata de una iniciativa original para América latina (ya existen diversos Observatorios en Perú, Chile y Venezuela), el aporte de la investigación científica al terreno mediático debe ser siempre bienvenido y celebrado.

En rigor, la polémica desatada por el anuncio de la presidenta Cristina Kirchner y el decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) se origina en ciertas peculiaridades de la propuesta. Observar el paradigma mediático no constituye un problema en sí mismo, pero es vital preguntarse quién observa y para qué observa.

En Europa y en Estados Unidos, por ejemplo, funcionan exitosamente numerosos Observatorios de Medios que aportan su mirada crítica sobre la cobertura periodística comunitaria. En ninguno de estos casos, claro está, los Observatorios fueron creados o son manejados por los gobiernos. Se trata en verdad de centros de estudio e indagación que poseen un perfil académico que les otorga independencia y credibilidad.

Una de las objeciones más pertinentes al reciente relanzamiento del Observatorio de la Discriminación en los Medios radica justamente en los riesgos que implica para la libre expresión mezclar en un mismo foro “instancias de observación” (en este caso, la UBA ) con “instancias de sanción” (como pueden ser el Comfer y el propio Inadi).

Resulta interesante entonces analizar detalladamente el informe realizado por dicha Facultad de Ciencias Sociales. En especial, porque este documento jugó el papel de disparador de la preocupación gubernamental.

Lo primero que llama la atención es la celeridad con que la mencionada facultad analizó el episodio, evaluó integralmente las coberturas periodísticas y arribó a conclusiones tan terminantes y definitivas. En apenas 48 horas, el estudio de caso estaba terminado y publicado. Es sabido que la investigación social requiere normalmente el recurso del tiempo y la maduración de los hallazgos.

También resultó sorpresiva la “estructura resolutiva” con la que se materializó la contribución académica. Luego de una serie de “vistos” y “considerandos”, el Consejo Directivo de la facultad “resuelve” y “exhorta” al Comfer y al Inadi a tomar cartas en el asunto. En general, las indagaciones científicas se parecen más a los escritos de los docentes y menos a los decretos de los Poderes Ejecutivos.

En otros pasajes, el informe denuncia la parcialidad de la cobertura periodística del conflicto rural y la “notoria ausencia de contrastes en las posiciones dadas a conocer por los medios”. Resulta significativo que el reclamo de imparcialidad informativa utilice el término “lockout patronal” para etiquetar la protesta, dejando así sentada su postura (también parcial) sobre el acontecimiento estudiado.

Por otra parte, la resolución en cuestión denuncia las “expresiones clasistas y racistas (…) y la supina ignorancia de los periodistas”, así como “el trato discriminatorio basado en la capacidad económica, la pertenencia de clase (…) o el color de la piel de las personas”. No queda claro si en este punto se refiere en realidad al ex diputado Luis D'Elía y a sus declaraciones explícitas de odios varios.

Asimismo, advierte sobre “la condición de empresas” y la “fuerte influencia social y política” que revisten los medios de comunicación. Descubrir en el siglo XXI que los medios son empresas y que defienden sus propios intereses y empujan su propia agenda equivale a descubrir que los Reyes Magos no son nuestros padres.

Adicionalmente, el documento pone en evidencia “la necesidad de la sanción de una ley democrática de radiodifusión”. Se trata de un reclamo absolutamente justo y resulta vergonzoso que los argentinos sigamos regulados en el ámbito mediático por una ley de la dictadura. Claro que sería conveniente que este anhelo le sea trasladado con idéntica vehemencia al Congreso de la Nación , institución encargada de dictar las leyes en la materia.

Por último, el Consejo Directivo convoca a las “distintas organizaciones de periodistas profesionales a realizar un llamado de atención a sus socios y afiliados sobre las faltas éticas graves que se han cometido”. Por lo que pudo verse hasta ahora, instituciones tales como FOPEA, SIP y ADEPA manifestaron su preocupación, pero en dirección contraria.

Sin ignorar las falencias profesionales y las parcialidades ideológicas mostradas por ciertos periodistas durante la crisis del campo (en definitiva, los medios no son simples transmisores de lo que acontece sino que -en muchos casos- actúan como verdaderos productores de realidad), la instalación de una suerte de “panóptico estatal para observar a los medios” no parece ser el mejor camino para corregir dichas distorsiones.

Recordemos que el concepto de “panóptico” deviene de la construcción penitenciaria concebida por el filósofo británico Jeremy Bentham en 1791, que permitía a los vigiladores controlar a todos los presos desde una torre única de observación, con visión total y oculta.